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Regulación y costes: el fin del cliente bancario II

«Cada regulación es una restricción de la libertad; cada regulación tiene un coste» – Margaret Thatcher

MiFID II, la directiva revisada de Mercados de Instrumentos Financieros, será, en 2018, por más que la banca demore su transposición, un auténtico ciclón para el sector financiero y, en consecuencia, para los clientes. Desafortunadamente la complejidad y severidad es tal que va a provocar desorientación.

A modo de resumen MiFID II va a obligar a la banca a: tener más recursos para dar cobertura a la comercialización de productos de terceros; las entidades serán responsables de la formación de sus redes y de la cualificación profesional de sus asesores; las entidades deberán informar a sus clientes acerca de la gama de productos sobre las que ofrecerán asesoramiento, informar del seguimiento que realizarán e incluso esto les obligará a reformular los contratos con los clientes; también deberán las entidades que presten asesoramiento declararse o no independientes y, como vimos en el primer artículo dedicado a la regulación y los costes, ser transparente en el cobro de comisiones, especialmente, las retrocesiones que quedarán prohibidas en la gestión discrecional de carteras.

El cliente podrá decir, ¿y a mí en que me perjudica si todos son buenas noticias?

La resistencia al cambio en nuestra banca es mucha sobre todo en cuanto a transparencia se refiere y dos son los motivos. El primero, la banca recibe de las denominadas retrocesiones unos 1.550 millones de euros. Una suma suficientemente importante a la que, sin duda, buscarán nuevas fórmulas para su obtención y éstas repercutirán seguro en los bolsillos de los clientes. El referente más próximo en Europa lo encontramos en Reino Unido en donde tomaron esta medida en 2013 lo cual tuvo como una de sus consecuencias que algunas entidades financieras dejaran de prestar asesoramiento a clientes con patrimonios inferiores a 50.000 libras (unos 64.257 €) ya que, según dicen, no les resultaban rentables. Lo cual es el segundo motivo de resistencia: aducen que la transparencia hará que muchos clientes se vayan de la banca.

Que no se preocupen por eso: tanto las fintech como las Empresas de Servicios de Inversión estaremos encantados de procurar por ellos.

En cuanto a la regulación de los productos, de sus riesgos y de su calificación de complejos o no, el cliente debe acudir a la normativa conocida como PRIPS (Packaged retail and insurance-based investment products) cuya implementación es en 2017 y, en principio, no hay moratoria a este respecto.

La gran problemática en este punto tiene su origen en otra norma: UCITS que ya vamos por la VI y cuyo objetivo es determinar las condiciones bajo las cuales un fondo de inversión de un Estado miembro puede ser distribuido en otros. Lo que está centrando la discusión en este punto se centra en que sus precedentes permitieron que entraran bajo esta denominación y, por lo tanto, se comercializaron fondos que, en la práctica, los particulares no podían tener pues no sólo son difíciles de entender sino que, además, pueden comportarse de manera diferente a la que esperaban y asumiendo riesgos desconocidos.

Una vez más, se señala a la banca y a las aseguradoras que aún no se tenga la definición de qué es complejo y qué no pues eso podría tener como consecuencia que muchos de sus productos adquieran la calificación de complejos. Imaginen el tsunami añadido que tendrían y el deber que Ustedes, los clientes, tienen de saber dónde está su dinero y de entender los riesgos que conlleva.

Semáforo riesgos financieros

Al hilo de todo lo anterior, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ha salido al paso y ha redefinido su semáforo del riesgo del modo que pueden observar en la imagen adjunta. La CNMV ha tomado como baremo para establecer la complejidad la devolución del 100% del capital invertido en un plazo de tiempo determinado.

Por si no fuera suficiente, la CNMV advierte que aquellos productos de mayor riesgo deberán advertir lo siguiente: “Está a punto de adquirir un producto que no es sencillo y que puede ser difícil de entender. La CNMV considera, con carácter general, no adecuada por su complejidad su adquisición por inversores no profesionales. No obstante, su entidad ha evaluado sus conocimientos y experiencia y considera que el mismo resulta conveniente para Usted”

La CNMV pone especial atención en los fondos garantizados o estructurados con garantía parcial, es decir, aquellos que no se comprometan a devolver, como mínimo el 90% de lo invertido. Los productos convertibles en acciones, los derivados y la deuda de emisores con bajo nivel crediticio obviamente también tienen la consideración de complejos y deben llevar esa advertencia en sus contratos.

El semáforo de la CNMV es bueno por su claridad y facilidad para que el cliente de banca sepa a cómo medir el riesgo, la marabunta de leyes excesivas para que éste sepa a que puede atenerse.

Advertirles que la banca lleva captados 700 millones en lo que va de año en fondos garantizados y que en marzo vencían 2.500 millones en este tipo de productos y que, seguro, querrán renovarles.

Estén atentos, infórmense y fórmense. Destinen a ellos, como mucho, el dinero que no vayan a necesitar en el plazo que dure la garantía.

Imagen de la entrada: iqoncept

Un nido de paradojas y contradicciones: soy un abogado atraído por el mundo financiero, un hombre de acción al que le gusta pensar y escribir, alguien dedicado al mundo del dinero pese a saber que lo que importan son las personas, un hombre de paz que no deja de dar guerra. Me apasionan mi familia, mis amigos, la vida, los debates y el vino. Y si todo esto coincide en un mismo lugar, éste se transforma en el paraíso.

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